Por Johanán L. El “nuevo” plan fiscal
En las últimas semanas el gobierno ha dejado claro que el plan fiscal sigue contando con una prioridad indiscutible en su agenda y que hará todo lo necesario para lograr su ejecución, tal como quedó reafirmado en los numerosos encuentros que resultaron en la firma de un “nuevo” texto acordado recientemente con la fracción quizá más representativa de sus “rivales”: el PAC, y que sin duda significa un triunfo político parcial de Chinchilla y sus diputados frente al resto de fracciones legislativas.
A propósito de este acuerdo, no han dejado de aparecer noticias alrededor de los puntos acordados entre estas dos fracciones burguesas que entre otras cosas incluyen el cobro de Renta Global (gravamen del total de ingresos incluyendo los especulativos), la Renta mundial (sobre ganancias obtenidas en el exterior), aumento del 5% de renta sobre salarios mayores a ¢4 millones o el impuesto a vehículos con valor mayor a $34,000.00[1].
Esta ha sido la base para que se comience a generar un cierto efecto de legitimidad al plan fiscal, al rodearlo de un matiz “popular” , donde sectores adinerados estarían “pagando su parte” volviendo asimilable para el grueso de los trabajadores y sectores pobres este brutal ataque.
Por supuesto no es más que un espejismo, tomando en cuenta que los principales sectores del empresariado, como el transnacional establecido en las zonas francas continúan en los hechos con sus ganancias intactas[2].
Aún así, este punto ha desatado una intensa reacción de las cámaras patronales, a través de los principales medios de prensa respaldados por entes como el Procomer, ex funcionarios como Marco Vinicio Ruiz y el propio Oscar Arias, creando un discurso al mejor estilo de la campaña “por el SI” al TLC, alrededor de amenazas de incremento de precios en bienes que van desde la construcción hasta los productos agrícolas, y de los supuestos beneficios de las zonas francas, disimulando que más allá de risibles cargas tributarias en uno u otro país, sólo utilizan este país en la medida que puedan explotar mano de obra de la forma más barata e intensa posible al tiempo que utilizan prácticamente gratis recursos clave como la electricidad o las telecomunicaciones.
Uno de estos elementos, la explotación de mano de obra, es bien ilustrado por la relación entre los ingresos totales de estas empresas y los salarios pagados: sólo en el año 2010 las exportaciones de bienes y servicios sumaron $6,165 millones mientras que lo recibido por sus trabajadores alcanzó los $1,060 millones, cifra que representa apenas un 17% del total de ingresos recibidos bajo el régimen de zonas francas[3].
Además, tampoco se alteran en lo más mínimo las políticas de subsidios y exenciones millonarias de las que por años han gozado (y siguen gozando) grandes sectores de la burguesía local ni se cuestiona por el fondo la distribución del gasto público, como por ejemplo el que se destina al fortalecimiento del aparato represivo[4].
Pero principalmente, el grueso del plan fiscal invariablemente recaerá sobre los trabajadores y sectores populares a través del impuesto sobre el valor agregado -sustento principal del plan fiscal- que gravaría con un 14% todos los bienes y servicios no contemplados en la canasta básica. Esta por cierto, se reduciría de 300 productos a 233 mientras se establece la definitiva[5], pues así quedó pactado en el texto sustitutivo. Una ágil jugada del gobierno de la que el PAC se vuelve cómplice.
Es claro que no sólo para el gobierno sino para la burguesía de conjunto el plan fiscal es central, y Oscar Arias lo ilustra al afirmar que “No se puede caer el plan fiscal, las consecuencias de no tenerlo las va a pagar con sangre el pueblo de Costa Rica”[6]. Eso sí, un plan fiscal que no toque ni por asomo las ganancias patronales.
La Alianza por Costa Rica: pieza clave para la política fiscal del gobierno
Si algo posibilitó al PAC una posición para pactar directamente con el gobierno fue la Alianza por Costa Rica que lo catapultó.
Y por si acaso hicieran falta ejemplos sobre el carácter plenamente burgués del PAC, su apoyo al gobierno en este plan medular para su gestión confirma su verdadero carácter: encabezando la “oposición” agrupada en Alianza por Costa Rica, este partido nacido de las entrañas del propio PLN es consecuente con su carácter de clase y una vez más no duda en anteponer por sobre cualquier agenda los intereses del régimen mostrando que no representan ningún tipo de alternativa política.
Pero esto en sí no es novedad. Como tampoco lo es el hecho que el PUSC ha impulsado incansablemente desde la asamblea -a través de la figura de Fishman- la austeridad vía recortes en las instituciones autónomas, cuestión que el gobierno ha comenzado a materializar en la directriz emitida por el Chinchilla y Herrero a principios de setiembre[7].
Lo más llamativo en todo este contexto es que “la verdadera oposición” (según su propio eslogan de campaña electoral), el Frente Amplio, no solo integra la Alianza por Costa Rica en la que convergen todas las fracciones burguesas “opositoras” que claman por la disminución del gasto público (o mejor dicho, despidos y ataques a las condiciones laborales), sino que a pesar de ser minoría en este bloque legislativo fue el grupo más beligerante en proponer como líder de la Alianza a Juan Carlos Mendoza del PAC, sembrando expectativas en uno más de los partidos empresariales.
Al respecto luego de constituida esta alianza incluso apuntaban: “Dijimos que de acuerdo a la voluntad del pueblo expresada en las urnas, la Presidencia del Directorio debería recaer en el Partido Acción Ciudadana, como partido de oposición con mayor número de diputadas y diputados. Celebramos que esa propuesta del Frente Amplio, fuera acogida con madurez y responsabilidad por todas las fracciones.”[8] Y para despejar cualquier tipo de dudas sobre sus objetivos para los siguientes años, y el grado de compenetración con este experimento del que forma parte hasta el Movimiento Libertario, Villalta aclaraba: “Vamos a trabajar, desde el Parlamento y desde la sociedad, por la unidad de las fuerzas progresistas. Tenemos la primera semillita sembrada con la Alianza por Costa Rica. Vamos a cuidar esa semillita, la vamos a regar y la vamos a abonar, para que sea un árbol robusto para el 2014”[9]
Los primeros ataques del gobierno y la necesidad de un plan de lucha para derrotarlos
De forma inicial, medidas como el congelamiento en la creación de nuevas plazas, controles de horarios, entre otros, por los que claman desde el gobierno para la CCSS sustentados en el falso interés del gobierno en rescatar dicha institución, dan una primera muestra de lo que significa el plan de austeridad como elemento central en los planes del gobierno para descargar el déficit fiscal sobre los sectores trabajadores.
Por otro lado, en las universidades, los ajustes y recortes presupuestarios reflejados no sólo en los ridículos aumentos salariales, sino sobre todo en los recortes de becas y beneficios complementarios, no son otra cosa más que parte de una política de desfinanciamiento que comienza ya a mostrar una tónica para los próximos meses.
Pero sobretodo, no hay que perder de vista que el plan fiscal continúa siendo la punta de lanza del gobierno y los empresarios para descargar sobre el grueso de la población trabajadora y los sectores populares el creciente déficit fiscal.
La magnitud de estos primeros ataques por sí misma anula la posibilidad de que grupos o fuerzas que respaldan a los partidos burgueses que las impulsan (como el FA) puedan llevar adelante de forma consecuente esta lucha.
Se hace más bien urgente poner en marcha un plan de lucha a escala nacional, que exija desde las bases a los grandes sindicatos tomar como un eje central la pelea contra los planes de austeridad en el sector público y contra el plan fiscal que afectará sin distinción al grueso de los trabajadores privados y sectores empobrecidos del país, extendiéndolo al resto de organizaciones del movimiento obrero y popular.
Es a través de una lucha como esta que se puede imponer a los empresarios impuestos progresivos sobre sus ganancias, como los $1,450 millones (unos ¢746,700 millones) con los que se contaría hoy si las zonas francas pagaran lo que fue exonerado en los últimos 5 años tan sólo en los mínimos impuestos actuales[10]; y a la vez se podrían eliminar efectivamente las millonarias fugas en exenciones, subsidios, y gastos que sólo sirven a los intereses de los patrones como los destinados a la policía; cuestiones que por sí solas ya arrojarían un superávit fiscal.
Pero a la par de todo esto, se plantea luchar por el cese del pago de la deuda externa que, indudablemente absorbe de manera creciente miles de millones de colones de los fondos públicos que generamos los trabajadores, lo que contribuye a un déficit fiscal creciente desde hace años, mientras que estos fondos son destinados al pago de intereses a organismos internacionales como el FMI, el BM, el BID o el BCIE, sobre préstamos que endeudan por décadas a generaciones enteras y que sólo terminan respondiendo a los intereses y los negocios de la clase empresarial.
Es el momento para comenzar a discutir en los lugares de trabajo y las universidades, cómo dar los primeros pasos para organizarnos en la perspectiva de enfrentar toda esta serie de ataques que pretenden propinarlos el gobierno y los empresarios; para ello es clave que hagamos nuestra la experiencia no sólo de la gran lucha estudiantil en Chile, sino también de las jornadas protagonizadas por los trabajadores, estudiantes y los pobres de Europa y los países árabes.
[1] “Guía para entender el plan fiscal”, El Financiero, Edición 838
[2] Aparte de un impuesto municipal ridículo, el impuesto que se establece es solamente de un 15% sobre los dividendos (mecanismo por el que se distribuyen entre los socios las ganancias netas de una empresa) decretados para sus accionistas, o sea, no cubre otras posibles vías por las que se transfieran las ganancias obtenidas; pero además este impuesto sólo afectaría a las empresas que se establezcan a partir del 2015, lo que excluye a las más de 200 empresas bajo régimen de Zona Franca que según las cifras del propio Procomer (“Balance de Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica”) operan desde el año 2010 prácticamente sin cambios, entre las cuáles están las grandes corporaciones como Intel, HP, Hospira o los conocidos Call Centers.
[3] “Balance de Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica”, Procomer, Octubre 2011
[4] Ver “¿Qué se esconde tras el déficit y la política fiscal del Gobierno?”, ECR Nº18, Abril 2011, http://es.scribd.com/doc/52996135/ECR18-2011
[5] Así quedó acordado en el nuevo texto del plan fiscal, específicamente en el Transitorio IX.
[6] “Arias pide sacar impuestos a zonas francas del plan fiscal”, www.nacion.com, 15/10/2011
[7] “Ejecutivo exige tijera a presupuestos de entidades autónomas”, www.nacion.com, 7/09/2011
[8] “Un paso positivo para el país”, http://www.frenteamplio.org/?p=2205
[9] “Tiempos de esperanza”, http://www.frenteamplio.org/?p=2219
[10] Ver “Balance de Zonas …”, Procomer, Octubre 2011
Una política contradictoria
Luego de observar el rol que uno y otro partido de la Alianza por Costa Rica viene jugando en este gran ataque del gobierno, es difícil comprender las posiciones de compañeros que se reivindican del trotskismo y que continúan llamando a depositar confianza en agrupaciones como el Frente Amplio que aunque no tienen directamente en sus filas a empresarios, defienden incansablemente el régimen político que sustenta sus ganancias y poder político.
Tal es el caso del MAS, que en la pasada edición de su prensa luego de “aconsejar” al Frente Amplio y criticarlo formalmente plantea: “(…) llamamos a la dirección del Frente Amplio a encabezar la conformación de un polo de oposición sindical y popular al paquetazo fiscal del gobierno, y convertir dicha propuesta de reforma fiscal en un proyecto de ley para ser impulsadas por todas las fuerzas sociales que dicho polo sea capaz de articular. No haría falta decir que desde el MAS estamos listos para apoyar con todo una iniciativa en esta dirección”[1]
Esta continuidad en la política de seguidismo al Frente Amplio que busca “presionar” y hablar con una “izquierda” del FA que hasta la fecha no se ve por ninguna parte (a no ser que hablen de la Juventud del FA que impulsa Progre, y mantiene a la Federación estudiantil de la UCR completamente subordinada a las autoridades, a la vez que no ha convocado a una sola movilización por voluntad propia en poco más de un año), es totalmente contradictoria con la afirmación de su Editorial en el que señalan que “Habiendo llamado a votar por el Frente Amplio en las elecciones de 2010, creemos que hoy ya no cabe ninguna duda sobre la esterilidad que su proyecto político plantea hacia los intereses de los trabajadores y el pueblo costarricense.”
Estas afirmaciones retóricas de Editorial, que dan una impresión de radicalidad, se hacen pedazos con la política que para el día a día llama a organizarse el MAS; más concretamente, la política de colocarse “con todo” como furgón de cola de un supuesto “polo de oposición sindical y popular” al gobierno. Si no han sido capaces de ser ni siquiera una oposición consecuente en la Asamblea ¿por qué el MAS plantea semejante política? ¿Qué tiene de honesto llamar a luchar por una política no realizable, como aceptan previamente los compañeros del MAS, cuando dicen que saben que el FA está caracterizado por la "esterilidad" en la lucha por la defensa "de los intereses de los trabajadores"?
Sería importante que los compañeros hagan un balance serio sobre los motivos que los impulsaron en 2010 a plantear construir “un partido leninista y de combate” con el FA y que hoy los lleva a tener esta política contradictoria y oscilante.
[1] “El papel del Frente Amplio ante este pacto”, Socialismo Hoy, Nº39, Setiembre 2011. No se puede dejar de recordar que la JS (PST), aunque hoy se muestra crítica del FA también llamó a votar para dicho grupo en las elecciones del 2010, cuestión que justifican como algo “táctico” y que según ellos no era un apoyo a toda la papeleta sino solo a Villalta y “con reservas” en vista de sus posiciones aparentemente muy progresivas y “pro obreras”. Es muy difícil entender como hicieron para aislar a un candidato de la agrupación en la que milita, misma que como hemos denunciado hasta el cansancio fue parte de la aprobación de la Ley Antiterrorista (2008), acuerpó la millonaria inyección de superávit a los empresarios por parte de Arias ese mismo año mientras miles perdían sus empleos, y dio su voto a favor de las asociaciones solidaristas (conocidos organismos pro patronales en el sector privado centralmente) en 2010, sólo para citar algunos ejemplos.
