domingo, 14 de abril de 2013

Importante charla sobre la militarización y la represión en Costa Rica



El pasado miércoles 3 de abril se realizó en la UCR la charla Crisis política y represión policial: La militarización creciente en Costa Rica.

Antes de iniciar, se proyectaron algunas imágenes como muestra del fortalecimiento represivo que se observa cotidianamente en diversos lugares públicos y que incluye las constantes “requisas” y retenes sin ningún tipo de justificación en detrimento de libertades democráticas básicas. 

Luego de esto Bryan Brenes, integrante de la LRS, iniciaría la charla tomando como punto de partida cómo la militarización de Costa Rica se ha venido operando bajo la presión del imperialismo norteamericano, que históricamente ha mantenido fuertes intereses geopolíticos en la región tanto por ser clave en el transporte de mercancías (para llegar de lado a lado de Estados Unidos casi todo lo que proviene de la gran China pasa por el Canal de Panamá), como por la importancia que en términos militares tendría la región para el abastecimiento ante eventuales conflictos bélicos. Además Centroamérica es percibida como una región clave para la seguridad norteamericana, donde Costa Rica ha mostrado ser un firme aliado de la política estadounidense.

De ahí que en el conflicto de Isla Calero se mostraran la preocupación y las presiones imperialistas para hacer frente al alineamiento de Nicaragua con  países «adversos» a los Estados Unidos (como Rusia) que han estado tras el proyecto de un canal interoceánico alternativo al de Panamá.

China por su parte ha buscado incursionar en Latinoamérica y más recientemente en Centroamérica, utilizando las relaciones abiertas con Costa Rica –que las rompió con Taiwán-, o sea, en la principal área de influencia de los Estados Unidos. De ahí se explica el financiamiento creciente de la policía por parte de China, que va desde equipar de patrullas y equipos al gobierno hasta encargarse de construir una nueva academia policial. 

Por esto afirmaba que la visita de Obama no es casual sino que tiene importancia geopolítica para Estados Unidos.

Para el caso de Costa Rica,  añadía que esta dinámica se ha reflejado en dos escalas: una externa que se observa en el primer permiso de entrada de barcos de guerra en el 2010 (46 embarcaciones, con 7 mil soldados a bordo y cientos de aviones de combate); y una más interna que pasa por el creciente fortalecimiento de la policía y el aparato represivo.

Mencionaba como una expresión de esta tendencia la aprobación en el parlamento de la Ley Antiterrorista en el año 2009 (dos años después de las masivas movilizaciones contra el TLC), utilizada para perseguir y criminalizar a los indígenas Mapuche en Chile y a los movimientos sociales en Argentina. Además, tal como habían  revelado los cables de Wikileaks, en medio de esa importante lucha el gobierno estadounidense asesoraba y coordinaba con la Fuerza Pública diversos aspectos logísticos para el control de las movilizaciones; lo que se combina con el entrenamiento que hasta la fecha reciben los cuerpos represivos en la escuela militar de Isla Murciélago por parte del ejército de Estados Unidos. 

En la lista de ejemplo más recientes, además de la renovación del permiso de entrada a las embarcaciones militares a finales del año 2012,  incluyó el desembarco de soldados norteamericanos en el sector de Parrita encubriéndose bajo aparente ayuda humanitaria y asistencia médica, y la creciente firma de acuerdos en capacitación y asesoramiento para la policía con Colombia y con cuerpos represivos como los Carabineros de Chile o los Mossos d’Esquadra del Estado Español. Además del mayor equipamiento de la Fuerza Pública como muestra la multimillonaria compra de dos helicópteros a los Estados Unidos en los últimos meses. 

En este marco se ha operado la reciente represión en Siquirres sobre los trabajadores de Finca Matas de Costa Rica; y durante el año pasado frente a la lucha contra la privatización de los muelles en Moín y las luchas de Curubandé de Liberia y Medio Queso; con el corolario de la represión del 8 de noviembre.

Así se ha venido configurado un dispositivo para la criminalización de la protesta que incluye la Ley Antiterrorista, la Ley Mordaza, la autorización de escuchas telefónicas (con la excusa “del combate al narcotráfico”) y la campaña contra los bloqueos y la protesta alentada por el gobierno desde el año pasado. Como parte de este dispositivo recientemente la Sala Constitucional dio el visto bueno ingreso del OIJ a la UCR; al tiempo que han quedado al descubierto métodos de espionaje sobre el movimiento social, que llevan a cabo policías infiltrados como el de la DIS en el conflicto de Finca Matas de Costa Rica.

Los objetivos internos de la militarización en Costa Rica

Cerrando la exposición,  mencionaba que toda la escalada  represiva se enmarca en una crisis extendida en la gobernabilidad política que ha llevado a Chinchilla a intentar legitimarse por la vía de la fuerza para imponer una relación de fuerzas favorable que le permita avanzar en proyectos como el recorte al salario de los trabajadores públicos e impulsar las reformas laborales necesarias para flexibilizar los términos de contratación entre los empresarios privados y los trabajadores. A la vez persigue mantener y de ser posible profundizar la estructura latifundista que prevalece en el país, especialmente en las zonas rurales como Los Chiles (donde se localiza el conflicto de Medio Queso) o Curubandé de Liberia.

La imposición de la llamada “reforma del Estado” también es parte de estos planes que vienen planteando distintos sectores del empresariado nacional y que viene a actualizar el curso neoliberal tomado desde la negociación del primer PAE; apuntando a eliminar las instituciones que ya “no son rentables” para el Estado, incluidas insólitamente el ICE, la CCSS, el CNP, entre otras.

Como conclusión, Brenes planteaba que a partir de todo lo anterior es que Chinchilla y el PLN necesitan incrementar el grado de control social sobre los trabajadores y la juventud, en un país donde el descontento popular es creciente.

Al final de la actividad hubo un importante intercambio con los compañeros que asistieron sobre diversos aspectos del fortalecimiento represivo y las perspectivas para enfrentarlo.

sábado, 6 de abril de 2013

Argentina: La tormenta es natural, los muertos y el desastre no


Por Fernando Rosso, Ruth Werner - PTS

La historia de la Argentina de los años kirchneristas bien puede contarse a través de los crímenes sociales que se produjeron bajo sus gobiernos. Cromañón a fines de 2004, la Masacre de Once en febrero del año pasado o los muertos por el temporal, en la Semana Santa de hace exactamente un año.

La tormenta que acaba de conmover a gran parte de la Capital y la provincia de Buenos Aires, con epicentro en La Plata, volvió a mostrar la crisis estructural de la Argentina capitalista y dejó al desnudo la responsabilidad y el cinismo de los políticos patronales. La gravedad de los acontecimientos derribó el clima de reconciliación nacional pregonado por Cristina Fernández luego del abrazo con Bergoglio en el Vaticano. Ni CFK, ni Scioli, ni Macri movieron un dedo en todos sus años de gobierno para hacer las obras necesarias para paliar los efectos de la catástrofe. El resultado es, hasta ahora, más de 50 muertos y cientos de miles de afectados. Hubo, efectivamente, una cruda catástrofe natural, pero convertida por la desidia de empresarios y gobiernos en un nuevo crimen social: otra vez las víctimas las pone el pueblo trabajador.

Cínicos

No terminaban de informarse los hechos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando flotaba no sólo la basura en las calles, sino también la inmundicia de los políticos patronales, oficialistas u opositores. Su única preocupación era desligar responsabilidades y aprovechar los acontecimientos para sus internas. Macri vacacionaba en Brasil y volvió de “urgencia” para ponerse al frente…de las cámaras y hacer politiquería sobre la tragedia popular. El gobierno nacional lanzó su contracampaña casi “festejando” porque Macri estaba en problemas, mientras aumentaba el número de muertos y damnificados.

El temporal siguió su violento recorrido hacia La Plata y alrededores, demostrando que el “aliado” de la coalición gubernamental, Daniel Scioli, tiene a la provincia de Buenos Aires en condiciones similares a la “derecha” macrista de la Capital. El intendente de La Plata, el kirchnerista Pablo Bruera, mintió descaradamente informando que había asistido a los evacuados la noche del 2 de abril cuando en realidad todavía “descansaba”, como Macri, en Brasil.

Cristina Kirchner también consideró que había que hacer demagogia y se fue hasta Tolosa a “recorrer los barrios” y recordarle a los desamparados que habían perdido a sus familiares, que cuando ella era chica le entró “agua en casa”. Los vecinos la increparon a los gritos. La fortuna personal de la Presidenta asciende a 8,4 millones de dólares con 28 propiedades. Cristina debió pasar rápido a hacer declaraciones en la TV con promesas y más promesas. Pero su respuesta concreta, más que la ayuda que nunca alcanza, es la convocatoria al Ejército y a la Gendarmería a cumplir su rol de control para evitar desbordes sociales frente a lo que llamó presencia de “caras extrañas”. El mismo Hugo Moyano expresó su solidaridad. Sin embargo, viene coqueteando con la posibilidad de armar una lista en Capital con Lavagna y Macri, o apoyando a Scioli, los responsables políticos directos de este desastre.

Por la tarde llegaban las noticias de los primeros saqueos y en la Capital comenzaron a escucharse cacerolazos y cortes de calle en los barrios más afectados. Ya en la noche del 2 de abril se habían producido saqueos y ocupaciones de vivienda en Villa Soldati. La noticia fue rápidamente ocultada por todos los medios.

Crecimiento para pocos

En diez años de crecimiento récord, los que “la juntaron con pala” fueron los grandes empresarios y banqueros, nacionales y extranjeros. Miles de millones de dólares fueron a pagar la deuda externa a los “buitres” mientras otros tantos se fugaron en concepto de remesas para las casas matrices de las multinacionales y las mineras que contaminan el medio ambiente y saquean nuestras riquezas. A confesión de parte, relevo de pruebas: en esos 10 años de crecimiento, la infraestructura del país es igual o peor que en los ’90, la década del “neoliberal” Carlos Menem. En la Ciudad de Buenos Aires la urbanización anárquica, a favor de la rápida ganancia capitalista, llevó a la pérdida de espacios verdes. La construcción de megatorres redujo drásticamente las tierras de absorción para lluvias y para darle mayores beneficios a las empresas se eliminó el pulmón de manzana en esos edificios. La absorción natural se redujo sensiblemente. Los cimientos de las megatorres actúan como verdaderos diques de contención del desagote subterráneo natural. Además, la pavimentación y repavimentación sucesivas de las calles, para “reducir costos”, están por encima de la línea establecida para el escurrimiento del agua. La Plata tiene los mismos problemas, construcción descontrolada de edificios sin desagües pluviales acordes, la ciudad “creció enormemente con la misma infraestructura de principios del siglo veinte” (Clarín 4/4).

Mientras tanto se siguen destinando subsidios multimillonarios a las privatizadas, como los Roggio o los Cirigliano, los responsables de crímenes como los de Once. Pero hay más, al día siguiente del temporal la Corte de apelaciones de Nueva York dio curso a la oferta que el gobierno hizo a los bonistas especuladores. El Banco Central acaba de sacar 2300 milllones de dólares para pagar deuda externa a los organismos multilaterales. ¿Cuántas vidas podría haberse salvado si se invertía en infraestructura? Para los empresarios y sus políticos enriquecidos todo sigue igual en sus casas lujosas; para el pueblo trabajador estos fenómenos “naturales” se convierten en una tragedia con pérdida de vidas o de sus escasas pertenencias obtenidas con toda una vida de trabajo. La respuesta para los damnificados es la regimentación de las calles y la siempre exigua ayuda social y un saludo a la bandera del nuevo papa argentino que llamó a “mantener la esperanza”.

Solidaridad de clase y una clase de solidaridad

Mientras las inundaciones mostraban por arriba la podredumbre de la politiquería patronal, por abajo se desarrolló una enorme solidaridad. Uno de los ejemplos más importantes fue protagonizado por los trabajadores del subte, que pararon todas las líneas por la muerte de un compañero que falleció electrocutado. Como denunció el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara: “El compañero murió por la negligencia y la falta de interés de la empresa y los gobiernos”. Son cientos los ejemplos de arrojo, de apoyo, que nacen en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, en todo el país, con los damnificados. La Argentina obrera y popular demostró una vez más que la solidaridad de clase se impuso para enfrentar la situación.

Para una situación extraordinaria, una solución extraordinaria

Los militantes del PTS estamos desde primera hora trabajando en la ayuda y acompañamiento de las víctimas, colaborando para extender la solidaridad obrera, estudiantil y popular. Hay que exigir a los sindicatos, a los centros de estudiantes, a todas las organizaciones obreras y populares, empezando por las CGTs y las CTAs, que se pongan a disposición de los damnificados. La organización y distribución de la solidaridad debe estar en manos de las organizaciones de trabajadores y vecinos.

Ninguna represión contra los que reclaman respuestas a su precaria situación. Que las patronales paguen los días no trabajados a los trabajadores afectados y el Estado nacional, provincial y del gobierno de la Ciudad indemnicen de inmediato y sin condiciones a las familias golpeadas por el temporal, otorgando un subsidio para reparar las pérdidas. Empresas como Kraft, Nestlé, Kimberley, P&G, cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Jumbo, deberían estar entregando alimentos, colchones, frazadas, agua mineral, pañales, para paliar las necesidades. Y si estas empresas y cadenas de hipermercados no lo hacen por “las buenas” hay que pelear para que se confisquen las mercancías necesarias hasta resolver el drama que sufren las familias del pueblo.

Hay que implementar ya mismo un plan nacional de obras públicas controlado por las organizaciones obreras para hacer los emprendimientos que hicieran falta para prevenir estos desastres. Los recursos para tomar estas medidas se podrían conseguir rápidamente. La plata debe salir del no pago de la deuda externa e impuestos extraordinarios a los grandes capitalistas. Hay que terminar con los monopolios inmobiliarios que construyen anárquicamente guiados por su ganancia, sin tener en cuenta la infraestructura necesaria para evitar estas catástrofes.

Contra todos estos políticos patronales que muestran su desprecio por la vida obrera y popular, los trabajadores debemos desarrollar nuestra propia alternativa política. Impulsar la construcción de una izquierda de los trabajadores, partiendo de fortalecer el Frente de Izquierda, es una necesidad que esta nueva catástrofe pone a la orden del día.